Un análisis de la morosidad en las operaciones comerciales y de la eficacia del proceso monitorio en la recuperación de los impagos

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La morosidad, los impagados y los aplazamientos aumentaron en 2020 y la eficacia del proceso monitorio para recobrar deudas ha bajado a mínimos históricos.

Las pymes españolas y los autónomos son las principales víctimas de la morosidad a causa de la fragilidad de su situación financiera y de su débil capacidad competitiva. Asimismo, una gran parte de las pymes se encuentran en un estado de dependencia económica respecto a un número limitado de proveedores y de debilidad frente a las grandes empresas a las que deben suministrar. Los plazos de pago cada vez más prolongados han ido aumentando cada vez más las tensiones de tesorería de las pymes españolas, poniendo en peligro su equilibrio financiero y además causando a las empresas onerosos costes de orden financiero para sostener su tesorería como por ejemplo préstamos bancarios a corto plazo, descuento de efectos, factoring o confirming sometidos a intereses altos. La morosidad está causando a las pymes serios problemas de liquidez y está provocando fuertes pérdidas económicas que afectan gravemente a la rentabilidad y competitividad de este tipo de empresas. Además, la morosidad se ha convertido en un factor esencial en la mortalidad de las pymes y por ende en un agente coadyuvante para el incremento del desempleo.

La morosidad en las transacciones comerciales no es un fenómeno causado solamente por las condiciones económicas, sino que es necesario considerar varios determinantes que interaccionan entre sí y aumentan la morosidad. Uno de estos condicionantes es la costumbre de pagar las deudas a los proveedores.  La cultura empresarial de la demora en los pagos es un factor muy importante, puesto que constituye el principal generador de morosidad. En España no existe una cultura empresarial que fomente el pago puntual a los proveedores. En apoyo a esta afirmación, el periodo medio de pago de las facturas en España en el cuarto trimestre de 2020 superó los noventa días; un plazo muy alto en una época en la que la crisis económica ya había desaparecido. Si comparamos este plazo con el de Francia que fue de sólo 44 días, llegamos a la conclusión que el período medio de pago a proveedores duplica al de nuestro vecino galo. Al propio tiempo, la media europea fue de 60 días y la mundial de 65 días.

Otro aspecto importante es que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley de Lucha contra la Morosidad) prohíbe que los compradores paguen las facturas a un plazo superior a 60 días naturales. Después de dieciséis años de la entrada en vigor de la Ley de Lucha contra la Morosidad y de las múltiples reformas que ha experimentado, esta ley sigue siendo una norma jurídica muy poco útil para combatir la morosidad en la realidad empresarial.

Al propio tiempo, en España no es corriente que se apliquen tipos de interés de demora que prevé la Ley de Lucha contra la Morosidad (en la actualidad el interés de demora es del 8%) como revelan las encuestas realizadas por la PMcM, ya que, en caso de sufrir impagos, la reclamación de intereses moratorios solamente la realizan habitualmente un 5 % de las empresas, frente al 85 % restante que nunca o casi nunca lo hacen. El motivo de no exigir los intereses moratorios radica en el miedo de los acreedores de perder clientes si les aplican los intereses de demora que establece la Ley de Lucha contra la Morosidad o simplemente tienen miedo a que el moroso se niegue a pagarlos dada la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de los intereses de demora devengados.

Otro de los condicionantes es que nuestro derecho procesal no ofrece un cauce especial que garantice satisfactoriamente la tutela del derecho de crédito dinerario surgido por operaciones comerciales entre empresas, puesto que los procedimientos especiales, pensados para la tutela específica que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil, en particular el proceso monitorio, no ofrecen los resultados que pretenden los acreedores. Prueba de ello es que en el año 2002 el 20,40% de los monitorios terminaban con el pago del deudor y el 44,20% con la ejecución forzosa de los bienes del moroso por transcurso del plazo fijado sin que el deudor hubiera formulado oposición al requerimiento de pago. Por lo cual, en el año 2002 el 64,60% de los monitorios facilitaba a los acreedores la posibilidad de recobrar total o parcialmente sus créditos. En cambio, en el 2019 el porcentaje de monitorios que acabaron con el pago directo por parte del deudor se ha reducido al 6,8% y el porcentaje de peticiones iniciales que terminaron con la ejecución forzosa de los bienes del moroso ha disminuido al 35,3%. De modo que, en 2019 solo el 42,10% de los monitorios ha facilitado a los acreedores la posibilidad de recuperar sus créditos. Igualmente, el porcentaje de monitorios terminados por inadmisión o, por otras formas, se ha duplicado en el 2019 respecto al porcentaje de 2002, ya que en el año 2002 era de solo el 22% y en 2019 ha alcanzado el 50,20%. Este dato nos lleva a la conclusión que la mitad de los monitorios no facilita a los acreedores la posibilidad de recuperar sus créditos impagados.

 

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Autor: Pere Brachfield
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