La ineficacia en España de las Directivas europeas contra la morosidad

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En España fracasan las Directivas europeas contra la morosidad y que regulan los plazos de pago

En los Estados de la Unión Europea existen normas legales que regulan los plazos de pago en las operaciones comerciales entre empresas y penalizan a los deudores morosos, preceptos legales que son el resultado de la transposición de dos Directivas antimorosidad de Derecho Europeo promulgadas por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea. La primera, fue la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM) fue el resultado de la transposición de la Directiva 2000/35/CE. La segunda fue la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y que sustituyó a la Directiva 2000/35/CE. Esta Directiva señala que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado plazo de pago en el contrato, será de treinta días después de la fecha de recepción de las mercancías. La adaptación de la Directiva europea en España se hizo a través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero: medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que efectuó diversos cambios en la LLCM.  En esta norma se fijó un plazo de pago de facturas estándar de 30 días para empresas y administraciones y de un plazo máximo de 60 para pagos entre empresas.

El artículo 4.3 de la LLCM establece que los plazos de pago podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. Consecuentemente, existe una norma imperativa que prohíbe pactar períodos de pago más de sesenta días desde la entrega de los bienes basándose en el principio la autonomía de la voluntad. El artículo 5 de la LLCM determina que el deudor que sea empresa, autónomo, o Administración Pública, si no paga el día del vencimiento, de forma automática incurre en mora y deberá pagar el interés establecido en el contrato o en su defecto el interés fijado por la ley. Además, cuando el deudor incurra en mora, la LLCM dispone que el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una indemnización por los costes de gestión de cobro. El artículo 7 de la LLCM determina que el interés de demora, a falta de uno expresamente pactado en un contrato entre las partes, corresponderá a la suma del tipo de interés de refinanciación del Banco Central Europeo más 8 puntos porcentuales.

El artículo 8, Indemnización por costes de cobro de la LLCM dicta que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

Gracias a las Directivas europeas antimorosidad, en la mayoría de los países que pertenecen a la UE los plazos de pago en el ámbito del B2B han disminuido notablemente. No obstante, quince años después de la entrada en vigor de la LLCM, España sigue sufriendo un problema crónico de impagados y de falta de respeto a los plazos de pago en las operaciones comerciales. En apoyo de esta afirmación, en el año 2018 se publicó el 11º Estudio de Gestión del Riesgo en España elaborado por la aseguradora Crédito y Caución, y con el soporte académico de IE Business School, informe que reveló que las consecuencias negativas de la morosidad afectan al 88% de las empresas y que el 27% ha sufrido impagos muy importantes que han puesto en jaque su continuidad.

Además, el último Barómetro de Prácticas de Pago de 2018 difundido por Crédito y Caución desveló que un 65% de las empresas españolas se ha visto afectada de forma significativa por la morosidad en los últimos doce meses. Además, el 88% de las empresas españolas sufre en mayor o menor medida la morosidad de sus clientes. El retraso en los pagos es ligeramente más frecuente entre clientes nacionales (del 89%) que de compradores extranjeros (del 86%). La proporción de facturas en mora se sitúa en el 44% del total. La diferencia entre facturas en mora de clientes nacionales (45%) o extranjeros (43%) es poco significativa. Los retrasos más extendidos se registraron en los sectores de construcción y bienes de consumo duradero.

El informe de Crédito y Caución evidenció que la principal causa de la morosidad de los clientes nacionales es la intencionalidad del deudor de obtener financiación gratuita de los proveedores en un 53% de los casos; o sea, los morosos incumplen la obligación de pago para conseguir pasivo totalmente gratis durante un largo período de tiempo para financiar sus empresas. Los morosos más protervos confían en que, después de reclamar el pago por la vía amistosa durante meses, un elevado porcentaje de los acreedores desista en el intento de recobrar sus créditos y les condonen de facto la deuda. Las otras causas de la morosidad son la insuficiente disponibilidad de fondos en un 46% de los casos, seguidas por la complejidad del procedimiento de pagos del deudor (29%) y las ineficiencias del sistema bancario (24%).

Según el citado estudio, las consecuencias de estas demoras en la liquidación de las facturas vencidas son negativas para la buena marcha del tráfico mercantil, puesto que, para gestionar el impacto negativo de la disminución del flujo de caja, el 22% de las empresas españolas afectadas por la morosidad de sus clientes ha pospuesto o incumplido los pagos con sus propios proveedores. El 20% de los negocios perjudicados ha perdido notables ingresos a causa de los retrasos en pagos de sus clientes. Si hay algo peor que soportar un retraso en el pago de una factura vencida, es sufrir la pérdida por resultar incobrable un crédito comercial. El informe de Crédito y Caución reveló que la tasa de facturas incobrables se sitúa en España en el 1,5%. Esta cifra por sí sola no nos dice mucho, pero en comparación con nuestro entorno de la UE, es ligeramente por encima del promedio de Europa Occidental (1,3%). Las cuentas incobrables se originaron con mayor frecuencia en clientes de los sectores de productos químicos, construcción, bienes de consumo duradero y servicios.

En otro orden de cosas, el estudio “Comportamiento de pago de las empresas españolas” publicado en abril de 2019 por la empresa de información comercial y financiera INFORMA D&B patentizó que el periodo medio de pago (PMP) de los créditos comerciales en España en el primer trimestre de 2019 superó los 90 días por primera vez desde finales de 2017, lo que supuso un incremento de cuatro días respecto al año anterior. En consecuencia, este plazo medio de pago está muy por encima de los sesenta días que es el plazo máximo de pago que permite la norma lo que supone para las empresas proveedoras de bienes y servicios un elevado coste financiero, puesto que según el citado informe de INFORMA D&B S.A.U. los retrasos en los pagos supusieron para el conjunto del tejido empresarial un coste derivado de la mora de 1.801 millones de euros en un solo año.

 

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Autor: Pere Brachfield
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