En 2022 España sufrirá un tsunami de concursos de acreedores y quiebras

Entrada original publicada en perebrachfield.com

La nueva moratoria concursal provocará más quiebras y liquidaciones en los concursos de acreedores de 2022.

La prórroga de la moratoria concursal decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación aprobando una relajación de las exigencias concursales es un claro ejemplo de la táctica de la patada hacia delante en lugar de hacer frente al grave problema de insolvencia que padecen miles de empresas españolas.

Vale la pena recordar que la moratoria concursal que permite que las empresas en situación de insolvencia –o de quiebra– no tengan la obligación legal de solicitar concurso de acreedores y que prohíbe que sus acreedores puedan instarles el concurso necesario, ya dura más de veinte meses y que el Gobierno de Pedro Sánchez promulgó la ampliación de dicha moratoria hasta el 30 de junio de 2022.

La experiencia en materia concursal demuestra empíricamente que cuanto más tiempo se demore la presentación del escrito de solicitud de concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil competente, más posibilidades existen de que el concurso acabe en liquidación; o sea en quiebra. En apoyo de esta afirmación, una encuesta realizada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas sobre la evolución de los procesos concursales patentizó que el 90% de los mismos acaba en liquidación. Los auditores alertaron de que las empresas tardan demasiado tiempo en entrar en concurso de acreedores y eso dificulta su posterior viabilidad. En opinión de los auditores, las empresas entran muy tarde en los concursos de acreedores, muy pocas consiguen volver a posiciones de viabilidad y casi siempre terminan en liquidación. Un informe realizado por los expertos auditores pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España reveló que el 90% de los concursos de acreedores acaba en liquidación y cerca de un 70% concluye porque no hay activos que liquidar y pagar a los acreedores societarios. El estudio patentizó que las empresas que entran en un proceso concursal probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado. Además, una encuesta realizada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España sobre la evolución de esos procesos concursales reveló que el 52% de los encuestados percibe que los plazos de inicio del concurso se han alargado con respecto a la anterior consulta, cuando ese porcentaje apenas llegaba al 24%. Asimismo, la opinión mayoritaria es que la normativa vigente adolece de transparencia, dificulta la reducción y la agilización de la duración de los procesos concursales y está incompleta.

Por tanto, el levantamiento de la moratoria en materia de concurso y de disolución por pérdidas contables el 31 de junio 2022 unido al vencimiento de las carencias de principal de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que tendrá lugar en el segundo trimestre del año que viene va a provocar un alud de concursos de acreedores, quiebras y cierres de empresas. Por consiguiente, la finalización de la moratoria concursal supondrá que a partir del 31 de junio de 2022 una riada de concursos inundará los Juzgados de lo Mercantil de todas las provincias, y en particular los de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana ya que son las Comunidades Autónomas que tradicionalmente concentran   el mayor número de concursos. Los expertos no se ponen de acuerdo para pronosticar cuantos concursos se presentarán en el 2022. No obstante, el Barómetro de los Gestores Administrativos del mes de septiembre reveló un dato preocupante: 130.000 empresas están en situación técnica de concurso de acreedores, aunque no están obligadas a presentarlo ante los órganos jurisdiccionales como consecuencia de la moratoria concursal. Esta información produce escalofríos a cualquier jurista que puede intuir un tsunami de concursos que nos caerá encima el próximo año.

En el mismo sentido, entidades como el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas de España avisan del riesgo de que el retraso en la recuperación de la economía española pueda incidir en que un mayor número de compañías y autónomos se vean abocados a la quiebra. De hecho, REFOR alerta de que España será el país del mundo donde más crecerán las quiebras en 2021 y seguirá entre los diez primeros el próximo año.

Merece la pena subrayar que, a pesar de la moratoria concursal, hace unos días se dispararon las alarmas que avisan cuando se aproxima una avalancha de insolvencias. Según datos proporcionados por INFORMA D&B la compañía de información empresarial y financiera filial de CESCE, los concursos de acreedores acumulados hasta el mes de noviembre de 2021 arrojan una suma de 5.475 concursos lo que supone un incremento del 40% respecto al mismo período del año pasado lo que demuestra que los concursos registraron un aumento interanual considerable a lo largo de 2021. Ahora bien, vale la pena remarcar la baja estadística de concursos en 2020 debido al estado de alarma y la moratoria concursal.

Hay que tener presente, que las insolvencias empresariales que se publican en la célebre Sección IV de los Juzgados de lo Mercantil del BOE se han disparado en Cataluña, con más de una de cada cuatro del total estatal de concursos han afectado a empresas catalanas. Conviene especificar que Cataluña vuelve a liderar las insolvencias de derecho al superar entre enero y noviembre los 1.500 concursos, más del 25% del total estatal, lo que supone un incremento del 50% interanual. Ahora bien, la Comunidad de Madrid tiene 347 empresas concursadas más respecto a 2020, aunque en noviembre registró una bajada del 4% en términos interanuales.

Según el citado estudio presentado por INFORMA D&B, por sectores empresariales sorprende el espectacular incremento de concursos de acreedores que sufre el sector de la hostelería, un 125% más hasta llegar a los 867 procedimientos concursales. Aunque no es la que más crece en términos absolutos, pues el comercio, con 1.157, y la construcción y actividades inmobiliarias, con 1.024, la superan. Asimismo, las empresas concursadas desde enero hasta noviembre contaban con 40.771 empleados y una facturación de cerca de 4.700 millones de euros, inferior a los 5.900 millones de las que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

A su vez, de acuerdo con el análisis realizado por IBERINFORM, empresa de información financiera perteneciente al Grupo Crédito y Caución, sobre los concursos de acreedores y de acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE, en los primeros diez meses de 2021 la economía española registró un incremento del 47% de las insolvencias empresariales. Los datos aislados del mes de octubre muestran un crecimiento del 7% frente a los registrados hace un año. Por consiguiente, a pesar de la actual moratoria, los datos publicados por IBERINFORM reflejan un incremento de los niveles de concursalidad en España.

Al propio tiempo, el blog de la compañía de seguros Crédito y Caución Atradius publicó recientemente que uno de los datos del último estudio de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), reveló que cerca de 200.000 pymes españolas, el 5,5% del total del tejido empresarial, están en una situación vulnerable que compromete su supervivencia: aúnan la caída de facturación y beneficios con un empeoramiento de sus ratios financieros.

De modo que, el aumento de insolvencias continuará el próximo año en gran parte por las consecuencias derivadas del incremento en el precio de las energías, inflación galopante y retrasos en el abastecimiento de determinadas materias primas. Estos peligros acechan a las empresas españolas independientemente de su tamaño. Además, existen riesgos peligrosos como son los cuellos de botella en el comercio internacional, una inflación de carácter estructural, la incertidumbre en la regulación laboral y fiscal, el deterioro de las condiciones crediticias tras los avales ICO y el retraso en la llegada de los fondos europeos que podrían incidir en un mayor retraso en la recuperación y, por tanto, en más insolvencias empresariales.

Con todo, el concurso de acreedores tampoco es la panacea para rescatar empresas y conseguir que los acreedores cobren sus créditos, puesto que las estadísticas publicadas en el Atlas Concursal del Consejo General de Economistas revelaron que más del 94% de los concursos terminan en liquidación; es decir, están en quiebra.

 

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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el ICAB
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