El régimen de sanciones para los morosos prevé multas de 1.000.000 de euros

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El futuro régimen de sanciones para los que incumplan la ley 3/2004 de lucha contra la morosidad pondrá multas de hasta 1.000.000 de euros.

Las pymes y los autónomos son las principales víctimas de la morosidad a causa de la fragilidad de su situación financiera y de su débil capacidad competitiva. La morosidad en las transacciones comerciales no es un fenómeno causado solamente por las condiciones económicas, sino que es necesario considerar varios determinantes que interaccionan entre sí y aumentan la morosidad.

Uno de estos condicionantes es la costumbre de pagar las deudas a los proveedores.  La cultura empresarial de la demora en los pagos es un factor muy importante, puesto que constituye el principal generador de morosidad. En España no existe una cultura empresarial que fomente el pago puntual a los proveedores.

En apoyo a esta afirmación, el periodo medio de pago de las facturas en España en el cuarto trimestre de 2019 superó los noventa días; un plazo muy alto en una época en la que la crisis económica ya había desaparecido. Si comparamos este plazo con el de Francia que fue de sólo 44 días, llegamos a la conclusión que el período medio de pago a proveedores duplica al de nuestro vecino galo. Al propio tiempo, la media europea fue de 50 días y la mundial de 65 días.

Después de dieciséis años de la entrada en vigor de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de las múltiples reformas que ha experimentado, esta ley sigue siendo una norma jurídica muy poco útil para combatir la morosidad en la realidad empresarial. Al propio tiempo, e no es corriente que se apliquen tipos de interés de demora que prevé la LLCM (en la actualidad es del 8%) como revelan las encuestas realizadas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ya que, en caso de sufrir impagos, la reclamación de intereses moratorios solamente la realizan habitualmente un 5% de las empresas, frente al 85% restante que nunca o casi nunca lo hacen.

El motivo de no exigir los intereses moratorios radica en el miedo de los acreedores de perder clientes si les aplican los intereses de demora que establece la LLCM o simplemente tienen miedo a que el moroso se niegue a pagarlos dada la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de los intereses de demora devengados.

Para poner fin a esta situación y a la problemática de la morosidad en el pago de las operaciones entre empresas privadas, el Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Junts per Catalunya, presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones.

Con fecha 22 de septiembre de 2020 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó iniciar la modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. La toma en consideración fue apoyada por 344 votos a favor y una abstención. El grupo proponente aseguró que con esta modificación busca un cambio en la cultura empresarial, que elimine la morosidad de la gestión empresarial y la presente ante la sociedad como lo que es, una mala y muy perjudicial práctica comercial.

El ámbito de aplicación de la futura norma corresponderá a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración. La ley se estructura en cuatro artículos, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Este artículo reorganiza la actual Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Crea el título I sobre las «Disposiciones Generales», en el que están incluidos los artículos del 1 al 3, y el título II sobre los «Plazos de pago en operaciones comerciales», que abarca del artículo 4 al 14. En este segundo título II, se introducen tres nuevos artículos para regular la transparencia en los plazos de pago tanto en las sociedades mercantiles como en las administraciones públicas, así como la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales.

Se crea un título III en el que se regula la parte clave de esta ley, la catalogación de las distintas infracciones y las sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos legales de pago. Respeto a las infracciones, se clasifican en leves, graves y muy graves; y se regula en qué circunstancias prescriben.

El artículo 2 modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para homogeneizar los plazos legales de pago del sector minorista a los que establece la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El artículo 3 introduce un cambio en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, con el fin de que se considere competencia desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Y, por último, el artículo 4 modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para reducir el perjuicio que, para las empresas que sufren los impagos, supone anticipar el IVA repercutido sobre las facturas no cobradas, permitiendo la modificación de la base imponible de dichas facturas mediante un procedimiento más ágil que el actual, en un plazo mucho más corto, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La entrada en vigor de esta disposición se posterga al 1 de enero del año siguiente a la aprobación de la ley con el fin de evitar que el Gobierno vete la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, alegando que puede comportar costes presupuestarios no previstos.

La futura norma establece un régimen de infracciones y un régimen sancionador. Las infracciones serán calificadas como leves, graves o muy graves.

Las infracciones leves consistirán en: a) el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley cuando no tengan la tipificación de graves o muy graves; b) El retraso de la remisión de la información a las autoridades competentes; c) No incluir la información requerida en la memoria de sus cuentas anuales o en su página web; d) El incumplimiento de los principios y reglas contemplados en el Código de Buenas Prácticas Comerciales contra la Morosidad o en otros Códigos contra la morosidad a que se estuviera adherido. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.

Las infracciones graves consistirán en: a) Incumplir el plazo de pago legal cuando la cuantía de la operación comercial supere los 50.000 euros; b) Pactar plazos que excluyan del cómputo los períodos considerados como vacacionales; c) Que la deuda pendiente de pago a que refiere la infracción exceda de más de treinta días el plazo de pago legal; d) Pactar, en perjuicio del acreedor, cláusulas sobre el comienzo del cómputo de la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago al tipo legal de interés de demoras; e) No dejar constancia documental de la fecha de entrega de mercancías por las personas o empresas proveedores o de la prestación del servicio por quienes subcontraten; f) Falsificar cualquier otro documento aparejado a la operación comercial que permita determinar el cumplimiento de los plazos de pago; g) Falsear la información requerida en la memoria de sus cuentas anuales o en su página web; h) Pactar, en perjuicio del acreedor, la renuncia al derecho a la indemnización por costes de cobro; i) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa en el cumplimiento del deber de colaboración con las autoridades competentes en el ejercicio por estas de las actuaciones de control que tienen encomendadas; j) Que exista reincidencia o reiteración en la comisión de infracciones en cuatro faltas leves. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 3.001 y 100.000 euros.

Las infracciones muy graves serán cualquiera de las infracciones definidas como graves cuando el importe de la operación comercial a la que se refiere la infracción sea superior a 600.000 euros o exista reincidencia o reiteración.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de entre 100.001 y 1.000.000 de euros.

Además, en caso de reincidencia o reiteración de infracciones muy graves, a la sanción se le añadirán las siguientes consecuencias: No poder contratar con las entidades que integran el sector público, obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley General de Subvenciones ni poder acceder a nuevos créditos del ICO.

Asimismo, se suspenderán los posibles préstamos que tuvieran derecho a percibir del ICO u otros organismos o entidades públicas análogas y no podrán beneficiarse de deducciones vigentes en cada momento en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF. Otro punto es que serán públicas las sanciones impuestas en aplicación de esta ley, su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida.

 

 

 

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Autor: Pere Brachfield
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