Cómo Francia logró acabar con la morosidad y los aplazamientos de pago abusivos

Entrada original publicada en perebrachfield.com

En Francia emprendieron hace trece años una cruzada contra la morosidad en los pagos de las operaciones entre empresas y la imposición a los proveedores de plazos de pago abusivos

En Francia antes de la reforma legislativa realizada por la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) más conocida como “Loi de Modernisation de l’Économie” o incluso por el acrónimo LME, los plazos de pago se encontraban entre los más largos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. El plazo medio de pago en Francia era de 66 días, por lo que superaba en nueve días el período medio de pago del Espacio Económico Europeo que estaba en 57 días. En consecuencia, en el ranking europeo de los plazos de pago, Francia se situaban por delante de países como Italia (82 días) y España (86 días) pero detrás de otros como Reino Unido (52 días), Alemania (47 días) y Noruega (26 días).

Este elevado período medio de pago en las transacciones comerciales entre empresas francesas tuvo como consecuencia directa el aumento de las cuentas a cobrar en el balance de las empresas suministradoras de bienes y servicios (cuentas de clientes) y por ende aumentar sus necesidades operativas de fondos (NOF) e incrementar su pasivo exigible a corto plazo formado por los préstamos y créditos concedidos por las entidades de crédito y que las empresas proveedoras han tenido que solicitar para mantener a flote sus tesorerías. Esta problemática de las finanzas operativas que tenían las empresas galas supuso también una disminución de su capacidad de inversión y de desarrollo.

En consecuencia, el objetivo principal de la “Loi de Modernisation de l’Économie” fue limitar las necesidades operativas de fondos y por tanto las necesidades de financiación bancaria de las empresas proveedoras francesas que estaban soportando unos aplazamientos de pago superiores a los que se practicaban en los países situados al norte de Europa. La finalidad de la LME era bajar drásticamente los plazos de pago de las operaciones comerciales B2B de manera a mejorar la situación de las tesorerías de las empresas francesas facilitando un marco legal que les permitiera cobrar mucho antes las facturas de las operaciones de compraventa.

La LME establece que el plazo de pago queda fijado, como norma general, a los 30 días de la recepción de los bienes o de la ejecución de la prestación que consistía el servicio. Sin embargo, este plazo de pago puede ser prolongado por acuerdo entre las partes contratantes siempre y cuando el aplazamiento de pago no supere los 60 días contados desde la fecha de emisión de la factura.

Así pues, un modelo a seguir para luchar contra la morosidad es el existente en Francia. La Loi de Modernisation de l’Économie (LME) limita la libertad contractual de las partes para determinar los aplazamientos de pago en las operaciones comerciales ya que la autonomía de la voluntad en la contratación queda supeditada a la normativa introducida por la LME. Por consiguiente, los plazos de cobro en las operaciones comerciales pueden ser fijados contractualmente por el vendedor y el comprador dentro de los límites legales y sin infringir la norma. Las disposiciones sobre los plazos de pago deben figurar por escrito en los contratos, pero, en defecto de acuerdo contractual, el plazo de pago que de forma automática se aplicará por defecto es el de 30 días contados desde la entrega de los bienes o de la prestación del servicio.

Consiguientemente, el plazo de pago acordado entre las partes contratantes para liquidar las facturas no puede superar jamás los 60 días contados desde la fecha de emisión de la factura. El proveedor y el cliente también pueden acordar un plazo de pago más corto; es decir, por debajo de los 30 días. Además, se estableció un régimen de infracciones y sanciones para las empresas incumplidoras que no respetasen los plazos legales de pago.

Asimismo, hace unos años se aprobó la “Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014” (más conocida como Loi Hamon), para conseguir un mayor cumplimiento de los plazos de pago de 60 días introducidos por la “Loi de Modernisation de l’Économie”. Esta Ley estableció nuevas sanciones administrativas en caso de que un comprador no respete los aplazamientos de pago.

El incumplimiento puede ser penalizado con una sanción administrativa de 2 millones de euros, pero la multa puede llegar hasta los 4 millones de euros para las personas jurídicas que sean reincidentes en el incumplimiento de los plazos legales máximos establecidos por la LME. En el caso de personas físicas que sean emprendedores o empresarios autónomos las sanciones son de 75.000 euros y pueden llegar hasta los 150.000 euros en caso de reincidencia. Asimismo, están prohibidas todas las cláusulas contractuales o prácticas empresariales que tengan como efecto el retardar de forma abusiva la fecha de inicio del cómputo de los plazos de pago y en caso de que una empresa deudora las practique, se la aplicarán las mismas sanciones administrativas que se han establecido para el incumplimiento de los plazos de pago legales.

Igualmente, la “Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME)” introdujo un artículo, concretamente el L. 441-6-1, en el Código de Comercio francés que tiene como objetivo imponer a los censores jurados de cuentas la obligación de informar al Ministerio de Economía los retrasos de pago significativos y reiterados impuestos a los proveedores que realizan las empresas cuyas cuentas anuales auditan.

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), que es una dirección general del Ministerio de Economía e Industria, es el organismo oficial encargado de la supervisión del cumplimiento de los plazos de pago. Los resultados de estas medidas para combatir la morosidad han sido muy positivos, ya que antes de la promulgación de la LME, en Francia, el plazo medio de pago para las operaciones comerciales en la actualidad está en 44 días (que recordemos que en 2008 estaba en 66 días).

En lo concerniente al sector público, el plazo de pago medio ha disminuido en el 2014 situándose en 28 días. Otra reivindicación de las organizaciones patronales y de la PMcM es la creación en España de un organismo similar a la DGCCRF existente en Francia (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) que es una dirección general del “Ministère de l’Économie, de l’Industrie” y que es el organismo oficial encargado de la supervisión del cumplimiento de los plazos de pago y de la imposición de sanciones. La DGCCRF que interviene en nombre del orden público y del Estado Francés, controla que a los acreedores franceses no se les impongan plazos de pago anormalmente largos por sus deudores. Asimismo, la DGCCRF controla a los clientes que utilizan centrales de compra en el extranjero con el único propósito de escapar de las normas de pago nacionales.

Además, la DGCCRF vigila que los deudores residentes en Francia paguen a sus proveedores residentes en el extranjero de forma que los plazos de pago de los bienes adquiridos no generen distorsiones de competencia en relación a los demás agentes económicos residentes en Francia. Con esta finalidad los inspectores de la DGCCRF pueden acudir a los locales de cualquier empresa y solicitar los libros de contabilidad, facturas y todos los documentos mercantiles para verificar el cumplimiento de la legislación. Los inspectores de la DGCCRF están comprobando que no existan prácticas para sortear las reglas relativas a los aplazamientos de pago.

Asimismo, en Francia el proveedor tiene derecho a reclamar al deudor moroso un interés moratorio superior al existente en España (se calcula sumando 10 puntos porcentuales al tipo de interés del BCE por lo que actualmente el interés de demora es del 10%) y una indemnización de 40 euros por factura impagada al vencimiento. Los resultados de estas medidas para combatir la morosidad han sido muy positivos. En el Estado francés el 58% de las empresas reclaman de manera sistemática o frecuente los intereses de demora.

 

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Autor: Pere Brachfield
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