Cómo demandar judicialmente a los morosos en época de Covid-19

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Cuando vale la pena interponer una demanda judicial contra un deudor moroso

Uno de los grandes dilemas que se presentan al acreedor es si es conveniente o no interponer una demanda judicial contra un moroso que se ha negado a llegar a un acuerdo de pagos razonable y que pretende eludir sus obligaciones. Durante décadas la utilización de la vía jurisdiccional para la reclamación judicial de deudas incobrables había sido el último recurso que tenía la empresa para cobrar, y no siempre se había demandado judicialmente todos los clientes que se lo merecían por razones de tiempo y coste.

Indiscutiblemente, a priori siempre es preferible llegar a un acuerdo amistoso con el moroso que sea razonable y no perjudique al acreedor, que interponer una demanda judicial. No obstante, el principio de que “más vale un mal arreglo que un buen pleito” no tiene tanta vigencia en la actualidad puesto que, gracias a las reformas legislativas de los últimos, y la tendencia de proteger mejor los derechos del acreedor que está siguiendo la justicia, en caso de que no se consiga un acuerdo razonable para el pago de la deuda, siempre queda abierta la vía de la reclamación judicial si el deudor es solvente y el acreedor tiene alguna documentación que acredite la deuda.

En la situación de crisis económica actual no es aconsejable actuar de forma visceral y poner una demanda judicial a ciegas; de modo que es conveniente que el acreedor obtenga un informe completo y actualizado de los activos e ingresos del moroso, así como de sus deudas y cargas patrimoniales. Es aconsejable que el informe lo efectúen detectives privados, tanto si se trata de investigar la solvencia de una persona física como si se trata de una persona jurídica. Los costes de estos informes investigados realizados por un detective suelen ser módicos y son de una inmensa utilidad para el acreedor que se está planteando interponer una demanda judicial de reclamación judicial de cantidad contra un moroso. El informe investigado elaborados por el detective incluye una relación de bienes inmuebles, muebles e ingresos que pueden ser objeto del embargo, así como de todos los activos del deudor que puedan ser de interés económico. Asimismo, gracias al informe prejudicial el acreedor ya podrá solicitar el embargo de bienes concretos, lo que agilizará notablemente el procedimiento de ejecución.

Una cuestión importante es que, si el acreedor ha conminado al moroso con interponer una demanda judicial o le ha enviado un ultimátum en este sentido, ha de cumplir su advertencia para no perder su credibilidad. Además, esto servirá de escarmiento en costilla ajena a otros morosos que van por el mismo camino. El tiempo es otra vez esencial en estas cuestiones puesto que, si el acreedor tarda mucho en tomar la decisión, se puede encontrar con que se le han adelantado otros acreedores más ágiles y que los activos del moroso ya han sido embargados por los demás. De esta manera, aunque la reclamación judicial sea favorable al acreedor, no existirán bienes suficientes para ejecutar la sentencia porque ya estarán embargados o ejecutados.

Los procesos civiles están regulados en las leyes procesales de los Estados Europeos. En cuanto a la demarcación y planta de los órganos jurisdiccionales, cada país tiene estructurados según su derecho adjetivo propio los órganos competentes que resuelven los procesos de reclamación judicial de deudas dinerarias civiles es importante conocer. En la mayoría de países europeo hay tribunales que resuelven en primera instancia y luego tribunales superiores como pueden ser las audiencias provinciales en el Estado Español que conocen en segunda instancia, es decir resuelven los recursos de apelación presentados frente a sentencias dictadas en primera instancia. Las leyes procesales civiles de la mayoría de los Estados obligan al deudor a declarar todos sus bienes, bajo amenaza de apercibimiento y multas, y autoriza al juez a investigar a fondo, por si al demandado se le olvida algún activo. Incluso son embargables los fondos de inversión, los planes de pensiones, los derechos de crédito y las herencias.

La utilización de la vía judicial para recuperar deudas puede ser un proceso lento y no exento de costes; todavía mucho más caro si las leyes de enjuiciamiento civil de un Estado han implantado las tasas judiciales. Los acreedores que acuden a los tribunales para reclamar un derecho de crédito deben desembolsar una serie de cantidades para afrontar los gastos del proceso judicial. Una gran parte de estos gastos está integrada en las costas procesales, aunque algunos costes no se pueden incluir en este concepto. Las costas judiciales son todos aquellos gastos que una de las partes puede recuperar si se condena en costas a la contraria.

Ahora bien, existen otras vías que el acreedor puede utilizar para cobrar su crédito. Muchos ordenamientos jurídicos de los Estados Europeos autorizan al acreedor a retener en prenda la posesión de las cosas cuya gestión o reparación ha originado el débito, con el fin de forzar el cumplimiento voluntario del deudor. Un claro ejemplo es el artículo 1600 del Código Civil español (que está directamente inspirado en el Código Napoleónico del año 1804) que establece literalmente lo siguiente: “El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague”. Esto puede ser aplicable si el acreedor ha hecho reparaciones o mejoras en vehículos, embarcaciones, o muebles y el deudor no quiere pagar en el momento de retirar los objetos. El acreedor tiene la facultad de conservar en su poder el bien hasta que el deudor cumpla su obligación. Este derecho de retención también viene concedido en el artículo 1780 del citado código: “El depositario puede retener en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito”. El derecho de retención para estos casos supone una posibilidad excepcional que se ofrece al acreedor para exigir el cumplimiento de la deuda, puesto que salvo los casos previstos por la ley el acreedor no puede retener las propiedades de su deudor –incluso que no hubiera pagado– sino que debe devolverlas y reclamar el cumplimiento del pago. Por supuesto el acreedor tampoco puede retirar por su cuenta y riesgo aquellos bienes que hubiera vendido al deudor y que éste no le hubiera pagado.

En algunos países como es el caso de España, en las operaciones mercantiles el proveedor también tiene un derecho de retención ya que el artículo 340 del Código de Comercio español promulga que: “En tanto que los géneros vendidos estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, tendrá éste preferencia sobre ellos a cualquier otro acreedor, para obtener el pago del precio con los intereses ocasionados por la demora”. Esta medida protectora que le otorga la Ley constituye en un derecho de preferencia sobre los bienes vendidos que le asegura el cobro del precio. Esta prioridad exige que el vendedor tenga en su poder los artículos vendidos y si así fuera, no sólo los puede retener, sino que además los puede vender a un tercero para obtener el pago del precio con los intereses devengados por la demora. En el supuesto de que el deudor no tenga bienes o que estos sean insuficientes existen varias vías legales para cobrar cuando el deudor tenga a su vez deudores o bien haya enajenado de forma fraudulenta sus activos. Las normas jurídicas de los Estados establecen que los acreedores después de haber perseguido los bienes del deudor para cobrar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones del deudor con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona, y pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.

Asimismo, la mayoría de legislaciones europeas han previsto unas circunstancias en las que los acreedores pueden reclamar el pago a los deudores de su deudor lo que éste le adeuda. La especialidad de esta situación es que el acreedor reclama el importe de la deuda a quien no es su deudor, sino a los deudores de éste, sin que previamente reclame el pago a su moroso. El dinero obtenido entra directamente en el caudal del acreedor, con la consiguiente extinción del crédito impagado. Esta posibilidad existe para el arrendador de un inmueble que puede reclamar el pago contra el subarrendatario por las cantidades en concepto de alquileres que éste adeude al arrendatario.

 

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Autor: Pere Brachfield
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